La pericia del historiador "testigo" en un contexto judicial: del proceso Papon (1997-1998) al proceso Irving

 En las primeras sesiones del juicio del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, en la primavera de 2001, en el que se acusaba a cuatro ciudadanos ruandeses de participar en el genocidio de su país, los miembros del jurado belga recibieron charlas introductorias sobre la geografía, las instituciones y la cultura ruandesas; un gran mapa de Ruanda en la sala evocaba inevitablemente la famosa frase atribuida a L.P. Hartley, "La historia es otro país", y su aplicabilidad a la historia del presente. Pero la desorientación histórica también es evidente en otra serie de juicios recientes derivados directa o indirectamente de crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, en los que la prensa se ha hecho eco de la utilización de historiadores. Más fundamentalmente, estas intervenciones de los historiadores profesionales en los procesos judiciales han renovado el antiguo debate sobre la historia en la sala de audiencias y la relación entre la historia y el derecho, aunque, de hecho, la relación prevista se refiera más a menudo a la existente entre abogados e historiadores, o a las divergencias entre la argumentación y el razonamiento jurídicos y  tasaciones las normas de crítica histórica propias de la historiografía.

2 El libro de D. Lipstadt, Denying the Holocaust. El creciente asalto a la verdad y la memoria, ya había sido (...)

3 Debido a las limitaciones de esta colección, esta contribución a las actas del simposio, co (...)

2 Dos juicios recientes, pero fundamentalmente diferentes, permiten esbozar y subrayar la diversidad que caracteriza la participación de los historiadores en el proceso judicial: por un lado, el juicio contra M. Papon, que condujo a la condena del acusado por el Tribunal de la Gironde en 1998 por complicidad en crímenes contra la humanidad; por otro lado, la acción por difamación interpuesta por el autor D. Irving contra la editorial Penguin y el profesor D. Lipstadt, autora de un estudio sobre la negación del Holocausto2 , que terminó en 2000 con una decisión del Tribunal Superior de Londres que desestimó la demanda3. Los dos juicios no sólo difieren en que el primero tuvo lugar en Francia y el segundo en Inglaterra, es decir, en sistemas jurídicos con tradiciones judiciales fundamentalmente diferentes, sino que el juicio de Papon fue también un procedimiento penal, mientras que el de Irving fue una acción civil. (Irónicamente, el juicio francés tuvo que cumplir con los requisitos de un juicio con jurado, mientras que la acción del Tribunal Superior se defendió ante un juez profesional que actuaba solo. El veredicto de la Cour d'assises no estaba motivado, mientras que la motivación de la sentencia del Tribunal Superior abarca más de 300 páginas). Así, aunque los dos juicios no se prestan a la comparación jurídica, su combinación permite ilustrar y documentar concretamente una amplia gama de intervenciones de los historiadores y su confrontación con las limitaciones y lógicas jurídicas.

4 La estrategia de "justificación", que corresponde más o menos a la "excepción de la verdad", es la más común (...)

5 Como ocurrió en varios comentarios en la prensa en el momento del juicio. D.D. Gu (...)

3 Aparte de las diferencias ya mencionadas, cabe señalar que en el proceso penal contra Papon, el tribunal tuvo que juzgar "hechos", y en particular hechos específicos que, según la acusación, constituían decisiones administrativas que contribuyeron a la deportación de numerosas víctimas a campos de exterminio; además, si el tribunal admitió que estos hechos estaban probados, también tuvo que seguir a la acusación en su caracterización jurídica de estos "hechos" como participación en crímenes contra la humanidad. En cambio, en el caso Irving, el demandante se quejaba de algunos pasajes difamatorios en una publicación de los demandados, en los que se le acusaba, entre otras cosas, de negación del Holocausto inspirada en motivos racistas y políticos de extrema derecha. Dado que la naturaleza difamatoria de estas alegaciones no se discute, los demandados, en virtud de las normas particulares del derecho consuetudinario inglés que favorecen al demandante en una acción por difamación, tenían la carga de probar ("justificar") la verdad de estas alegaciones difamatorias4. Por lo tanto, el objeto del caso no eran "hechos" sino palabras, "expresiones" articuladas por el demandante.